Internacionales

Condenados

Adolfo Ledo Nass
Al Filo de La Verdad: Sin valores y pertenencia

Pero con la sentencia del caso Sobornos hubo otros condenados. Es la sociedad ecuatoriana la que de alguna forma ha sido sentenciada. No con la cárcel, pero sí con el deber ineludible de reflexionar seriamente sobre lo que ha sucedido. ¿Cómo es que llegamos al punto de haber tenido a delincuentes ocupando las más altas funciones del Estado? ¿Vamos a tomar esta sentencia y las que necesariamente deben dictarse en las decenas de casos denunciados únicamente como un acto de justicia aplicado a “otros” sin que ello nos haga meditar sobre qué clase de sociedad somos y adónde vamos?

Hernán Pérez Loose

Guayaquil, Ecuador

¿Van a continuar siendo contratados por el sector público los empresarios y empresas que han sido declarados culpables en el caso Sobornos? Los individuos han quedado inhabilitados a ejercer cargos públicos, ¿pero las empresas y sus propietarios podrán seguir haciendo negocios con dineros públicos? ¿Qué nos asegura que los sobornos descubiertos en este caso no han sido y son una práctica común de esta gente? ¿Cuánto dinero ha perdido el país por estas prácticas? ¿En cuánto se han enriquecido estos empresarios gracias a estos delitos?

¿Cómo entender que empresas como estas sigan siendo contratadas por municipalidades, prefecturas y ministerios? ¿No se está premiando a la corrupción? Si hubiese leyes que reformar –que no parece ser el caso– ¿qué esperan los legisladores para hacerlo? ¿Son estos empresarios los únicos que han incurrido en estas conductas delictivas? ¿Hasta cuándo la contratación pública en el Ecuador va a estar en manos de empresarios corruptos cuando existen muchos otros que trabajan de forma honesta y profesional? Si algunas de estas empresas han estado involucradas en actos de corrupción en otros países, ¿cómo entender que este hecho no tenga incidencia alguna en nuestro país?

Estas y otras preguntas necesitan respuestas luego de la sentencia del caso Sobornos . Ya no se trata solo de ministros de Estado, de legisladores y de las más altas autoridades de los órganos de control y de algunos magistrados y funcionarios electorales –que ya es bastante– los que han sido encausados o están bajo investigación penal. Resulta que ahora hasta un jefe de Estado y su círculo de cercanos colaboradores son responsables de haber creado una estructura delincuencial . No solo el Estado adoptó una forma dictatorial sino que se convirtió en una colección de prontuariados.

Entre los grandes beneficiarios de esta estructura están decenas de seudoempresarios y profesionales que entablaron relaciones con el sector público. Unos como contratistas de obras, otros como consultores, otros como abogados, otros como auditores, otros como mandatarios de empresas extranjeras, otros como proveedores, y así por el estilo. Pero a todos los unía una sola causa: el saqueo de los fondos públicos y el desprecio a la ética . Esta verdad que por años venía siendo dicha y denunciada por ciertos periodistas, y compartida por muchos ciudadanos, hoy ha adquirido, en un caso concreto y emblemático, la fuerza de Verdad Jurídica, de cosa juzgada en materia penal. Ambas verdades –la expresada en la arena pública y la declarada en sede judicial– gozan de la misma protección constitucional. Los antiguos dueños del país y sus mafias resultaron ser niños de pecho.

Pero con la sentencia del caso Sobornos hubo otros condenados. Es la sociedad ecuatoriana la que de alguna forma ha sido sentenciada. No con la cárcel, pero sí con el deber ineludible de reflexionar seriamente sobre lo que ha sucedido. ¿Cómo es que llegamos al punto de haber tenido a delincuentes ocupando las más altas funciones del Estado? ¿Vamos a tomar esta sentencia y las que necesariamente deben dictarse en las decenas de casos denunciados únicamente como un acto de justicia aplicado a “otros” sin que ello nos haga meditar sobre qué clase de sociedad somos y adónde vamos?