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Página quince: La boca del infierno

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Una resolución votada por la Asamblea General de la OEA en noviembre del año pasado, bajo el título Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas , establece las demandas básicas para la credibilidad de esas elecciones tan a las puertas: negociaciones «incluyentes y oportunas» entre el gobierno y la oposición para acordar «reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales; modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de manera totalmente independiente, transparente y responsable; actualización del registro de votantes; y observación electoral nacional e internacional»

Hace algunos días conversé por Zoom con mi amigo el escritor canadiense John Ralston Saul, anterior presidente del PEN International y quien estuvo hace algunos años en Nicaragua.

El PEN, antes llamado PEN Club, fue fundado en Londres en 1921, y entre sus socios constituyentes estuvieron nada menos que Joseph Conrad, George Bernard Shaw y H. G. Wells. Hoy agrupa a escritores de todo el mundo y se dedica, sobre todo, a promover y proteger la libertad de expresión y los derechos humanos.

John me llamó porque quería saber de Nicaragua, donde el capítulo nacional del PEN, presidido por Gioconda Belli, se vio obligado a cerrar sus puertas, y de Nicaragua fue que hablamos extensamente, recordando la vez que lo llevé a asomarse al cráter encendido del volcán Masaya; una oquedad espantable para cualquier turista, desde donde sube una densa humareda de azufre, como si siempre viviéramos en este país en la boca del infierno. Es como llamó el cronista Fernández de Oviedo a este cráter.

Volcán Masaya, Nicaragua Le dije, para empezar, que los gobiernos resultantes de elecciones en América Latina tienen distintas calidades y formas de comportamiento democrático, pero en las últimas décadas la legitimidad del voto popular ha logrado ser establecida, porque los sistemas electorales, y quienes cuentan los votos, han llegado a lograr credibilidad, todo distante de la vieja historia de fraudes, con las urnas llenas de votos falsos, con gran concurrencia de ciudadanos difuntos y las actas burdamente trucadas.

Nadie puede alegar la legitimidad de la aplastante mayoría ganada en las últimas elecciones legislativas de El Salvador por el presidente Bukele. Si esa mayoría, que le abre las puertas del control de todos los demás poderes del Estado, será usada para fortalecer el sistema democrático o para acabar con él, está por verse, pero los votos que se la han dado están bien contados.

Si en Perú hay una crisis de credibilidad política que se ha vuelto crónica, no se debe a elecciones fraudulentas, sino al desprestigio que trae consigo la reiterada corrupción de los elegidos.

Excepción. No es el caso de Nicaragua, donde la Constitución Política manda que se celebren elecciones presidenciales y parlamentarias en el mes de noviembre de este mismo año, es decir, dentro de algunos meses, y aún a esta fecha no existen las condiciones mínimas para pensar en un proceso electoral creíble, que servirá como un mecanismo de transición democrática, desde luego que el país no vive bajo un régimen democrático.

Una resolución votada por la Asamblea General de la OEA en noviembre del año pasado, bajo el título Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas , establece las demandas básicas para la credibilidad de esas elecciones tan a las puertas: negociaciones «incluyentes y oportunas» entre el gobierno y la oposición para acordar «reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales; modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de manera totalmente independiente, transparente y responsable; actualización del registro de votantes; y observación electoral nacional e internacional».

A todo esto, la resolución suma que debe haber un proceso político pluralista «que conduzca al ejercicio de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de libertad de reunión pacífica y libertad de expresión y registro abierto de nuevos partidos políticos».

Tales compromisos deberían estar concluidos antes de la convocatoria a elecciones, dicho de otro modo, en el mes de mayo, que ya llega sin que el régimen haya movido un dedo para que se despeje el camino hacia unas elecciones verdaderas y creíbles.

Reelección inminente. Por ahora, la única certeza es que el presidente Daniel Ortega y su esposa la vicepresidenta se disponen a ser reelegidos de nuevo, lo que supone para ellos continuar, como desde hace ya 15 años, en el control total del poder civil, económico, policíaco y militar.

Nada hace prever, por el momento, que exista la mínima voluntad política para someter ese poder total al libre escrutinio de los votantes y ponerlo en juego.

En demanda de elecciones libres y justas en Nicaragua, se pronunció también, en marzo de este año, el Consejo Permanente de Derechos Humanos de las Naciones Unidos, reunido en Ginebra, y la resolución establece la «grave preocupación ante la falta de avances del gobierno de Nicaragua en la implementación de reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar elecciones transparentes».

Y señala la obligación del Estado a que cese la represión en todas sus expresiones, que deje de acosar y asediar a los opositores y disidentes políticos; manda «abandonar inmediatamente las detenciones arbitrarias, las amenazas y otras formas de intimidación como método para reprimir la crítica» y pide «liberar a todos aquellos arrestados ilegal o arbitrariamente».

Exige, también, la derogación de las leyes que violan el ejercicio de los derechos humanos. Baste con mencionar la ley de ciberdelitos, la ley de agentes extranjeros y el establecimiento de la cadena perpetua para «crímenes de odio».

Clima electoral. ¿Es posible concebir un clima electoral aceptable cuando hay en las cárceles por lo menos 120 presos políticos, jóvenes en su inmensa mayoría, según el registro de Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, y miles de exiliados, jóvenes también, que huyeron de la represión desatada a partir de abril del 2018?

¿Cómo puede desarrollarse una campaña electoral en las condiciones actuales del país? La policía vigila en las calles para desbaratar cualquier atisbo de manifestación pacífica, encierra ilegalmente a los opositores en sus casas con prohibición de salir e irrumpe en locales bajo techo para disolver reuniones políticas.

Hay medios de comunicación y estaciones de televisión que tienen sus instalaciones confiscadas, como Confidencial y 100% Noticias , y otros que viven bajo la amenaza y el asedio, como radio Darío, de la ciudad de León.

Seguimos asomados al cráter encendido, le digo a John. Encontrar el camino para alejarse de la boca del infierno costará mucho, pero no hay esperanzas perdidas.

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