Matta reforma reconoce. *Matta: La reforma reconoce el fracaso del monopolio eléctrico sin dar garantías a inversionistas* *Caracas, Venezuela, lunes 8 de junio de 2026*. — La reforma parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico (LOSSE) representa un avance histórico en el plano legal, pero continúa incompleta en la práctica. Además, la evidencia de que el sistema puede mejorarse está en la propia historia del chavismo. Así lo afirmó el ingeniero Elías Matta, exdiputado a la Asamblea Nacional y experto en energía, quien realizó un análisis legislativo comparado sobre el proyecto de ley actualmente en discusión en el Parlamento. “Por primera vez desde 2007, la legislación venezolana admite que el monopolio estatal de CORPOELEC ha fracasado y que la inversión privada es necesaria. Eso representa un cambio de paradigma real y hay que decirlo con claridad. Pero reconocer el problema no es lo mismo que resolverlo, y esta reforma no resuelve el problema central: un privado que quiera invertir en el sector eléctrico venezolano todavía no sabe cómo va a recuperar su capital”, explicó. *Los tres vacíos que hacen inviable la inversión* El exparlamentario identifica tres omisiones en la reforma que, a su juicio, convierten la apertura legal en una promesa sin sustento. En primer lugar, señala la ausencia de un regulador autónomo e independiente. “La reforma no crea un ente regulador independiente del Ejecutivo. Mientras la fijación de tarifas, la adjudicación de contratos y la supervisión del cumplimiento sigan en manos del mismo ministerio que opera CORPOELEC, el privado no tiene árbitro: tiene al contrincante como juez. Ningún inversionista serio acepta esa condición”. En segundo lugar, Matta advierte que, sin un mercado mayorista, no existe una señal clara de precios. Explica que la reforma habilita la generación privada, pero no establece el mecanismo mediante el cual se comercializará esa electricidad. “Sin un mercado mayorista con formación de precios transparente, el privado genera, pero vende a quien el Estado determine y al precio que el Estado fije. Eso no es un mercado; es un monopolio con otro nombre. Y nadie financia un proyecto bajo esas condiciones”. Por último, destacó que, sin arbitraje internacional, no habrá confianza para atraer capital extranjero. “En el contexto de riesgo soberano venezolano, ningún inversionista extranjero pondrá capital sin acceso garantizado a arbitraje internacional ante posibles incumplimientos del Estado. La reforma no contempla este aspecto. Ese es, hoy por hoy, el vacío más costoso de todos”. *La paradoja Chávez: el mejor marco legal lo firmó él mismo* El punto más relevante del análisis del ingeniero Matta es que el marco legal más avanzado que ha tenido Venezuela para el sector eléctrico fue promulgado por el propio Hugo Chávez el 17 de septiembre de 1999, apenas tres meses después de asumir la Presidencia. “Lo que el chavismo destruyó en 2007 con la estatización, lo había construido el propio Chávez en 1999. Él firmó la ley que diseñó el modelo correcto. Él la dejó morir. Y él la derogó ocho años después sin haberla aplicado nunca. Eso es lo que hay que entender”. Matta recordó que la Ley del Servicio Eléctrico de 1999 fue un decreto con rango y fuerza de ley firmado por Chávez en ejercicio de una ley habilitante. “Esa normativa establecía la separación obligatoria de actividades, un regulador autónomo con patrimonio propio, un mercado mayorista con formación de precios por oferta, tarifas con rentabilidad razonable garantizada y concesiones de hasta 50 años con derecho al pago de activos no depreciados. Era, en la práctica, uno de los marcos regulatorios más modernos de América Latina para ese momento”. Asimismo, relató que, en 2007, sin debate técnico ni parlamentario, Chávez decretó la fusión forzosa de todas las empresas eléctricas en CORPOELEC. Posteriormente, en 2010, la LOSSE enterró formalmente ese modelo. “Hoy, quince años después del colapso que produjo esa decisión, la Asamblea Nacional intenta reconstruir lo que se destruyó, pero sin mirar el plano original. La arquitectura que la Reforma 2026 necesita no hay que inventarla. Está escrita en la Gaceta Oficial N.º 36.791 del 21 de septiembre de 1999. La firmó Hugo Chávez. La destruyó Hugo Chávez. Recuperarla es el trabajo del legislador venezolano de hoy”. *El Zulia como caso concreto* El ingeniero Matta, zuliano y exlegislador con más de una década de experiencia en política energética, llevó el debate al terreno práctico y destacó que el estado Zulia posee un parque termoeléctrico capaz de generar cerca de 3.000 megavatios si estuviera plenamente operativo. “Termozulia, Ramón Laguna y las turbinas de gas: esa infraestructura existe. Lo que no existe es el marco jurídico que le permita a un privado invertir capital para rehabilitar una unidad generadora y tener certeza sobre cómo y cuándo recuperará esa inversión”. Indicó además que el Zulia acumula más de 15 años de apagones, y que la solución no pasa por importar electricidad desde Colombia, sino por recuperar la capacidad termoeléctrica propia. “Para eso es necesario que el sector privado invierta recursos, pero también hace falta una ley adecuada, y hoy no la tenemos”. *Construir sobre lo que funcionó* El exparlamentario aclaró que no plantea rechazar la reforma, sino mejorarla antes de su promulgación. Entre sus propuestas, mencionó la creación de un regulador sectorial autónomo, con patrimonio propio y directivos inamovibles por períodos fijos, tal como lo establecen los artículos 15 al 23 de la Ley de 1999. También considera indispensable establecer un Mercado Mayorista de Electricidad con formación de precios mediante oferta competitiva, elemento que considera clave para estructurar financieramente proyectos privados de generación. Asimismo, propuso incorporar un régimen concesional de largo plazo —de al menos 20 años— con garantía de pago de activos no depreciados al vencimiento de la concesión, condición necesaria para hacer “bancables” las inversiones en infraestructura. Finalmente, insistió en incluir cláusulas de estabilidad jurídica y arbitraje internacional, requisitos que, asegura, ningún inversionista extranjero dejará de exigir en el contexto venezolano actual. Matta concluyó afirmando que la solución al colapso eléctrico venezolano no es ideológica, sino técnica. “Se requieren las mismas instituciones que han funcionado durante décadas en países como Chile, Colombia y Brasil. Lo más irónico es que Venezuela ya las tuvo: Chávez las diseñó en 1999, las desmontó en 2007 y hoy seguimos pagando ese error con quince años de apagones. La Asamblea Nacional de 2026 tiene la oportunidad de no repetir ese ciclo. Ojalá la aproveche”

Stalin González llama a construir condiciones para que los venezolanos puedan decidir su destino libremente El dirigente de UNT aseguró que el país debe construir instituciones confiables y acuerdos de convivencia que permitan a los venezolanos elegir libremente su futuro. Pidió transparencia sobre la aplicación de la Ley de Amnistía y la publicación de la lista de beneficiarios Este martes, desde el programa A Tiempo con Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega, el diputado de la Asamblea Nacional (AN) y dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), Stalin González, afirmó que, además de atender la grave crisis económica y de servicios públicos que afecta al país, uno de los principales desafíos es construir un camino que permita a los ciudadanos decidir su destino en las urnas. Recordó que su política ha estado centrada en la participación, el diálogo y la construcción de acuerdos para generar las condiciones necesarias que permitan a los venezolanos cambiar el rumbo político del país de forma democrática. “Nuestra ruta siempre ha sido defender la democracia. Creemos que el ejercicio de la política implica generar acuerdos y abrir espacios democráticos, sin dejar de señalar y atender los problemas que afectan a los ciudadanos, como la crisis eléctrica, el deterioro del poder adquisitivo y los bajos salarios. Por eso participamos hace un año en las elecciones y hoy seguimos construyendo esa ruta, trabajando para que más venezolanos se sumen a la defensa de la democracia”, expresó. Sostuvo que la prioridad debe ser avanzar hacia un proceso electoral con garantías e instituciones que le garanticen credibilidad a la gente. “Tenemos que construir ese camino en el que los venezolanos podamos decidir nuestro destino libremente, y eso es parte del debate”, comentó el jefe del Grupo Parlamentario Libertad. González precisó que aunque considera difícil que se produzca una elección durante el 2026, destacó la necesidad de trabajar para que ese proceso pueda realizarse lo antes posible, con reglas claras e instituciones confiables, e insistió en la necesidad de construir un acuerdo de convivencia democrática que brinde garantías a todos los sectores. “Necesitamos un acuerdo de convivencia real para que este país empiece a mejorar porque no va a haber mejoría económica sin que haya instituciones… y para que estas nos den confianza, debemos participar todos”, enfatizó el parlamentario. González también manifestó que la oposición necesita construir una alternativa real. Aclaró que no se trata de un tema de mayorías porque los venezolanos que desean un cambio político lo han manifestado con el voto, pero que para lograrlo hay que debatir y trabajar en un acuerdo. “Hoy tenemos una oportunidad real de hacer las cosas con calma, de construir y dar los pasos necesarios para lograr el cambio político. Además necesitamos el acuerdo, entender que el chavismo es minoría, pero una minoría que existe y que además tiene el control del Estado”, expresó. Ley de Amnistía Sobre la Ley de Amnistía, González recordó que el instrumento legal continúa vigente y que, de acuerdo con la Constitución, sólo puede ser derogado mediante la aprobación de una nueva ley que la sustituya. Sostuvo que cualquier ciudadano que considere estar amparado por sus disposiciones tiene derecho a solicitar su aplicación y que corresponde a los tribunales evaluar cada caso. Asimismo, insistió en la necesidad de que las instituciones del Estado actúen con transparencia respecto a su ejecución. A su juicio, los tribunales y la Fiscalía deben informar de manera pública quiénes han sido beneficiados por la medida para dar claridad al proceso y evitar dudas sobre las cifras anunciadas. “La mejor manera de conocer la realidad de las liberaciones no es escuchando números que se anuncian sobre cuántas personas han solicitado la amnistía y cuántas han sido liberadas, sino publicando las listas y esa siempre ha sido nuestra posición”, sentenció.